
En el episodio anterior situamos el asunto de la desamortización eclesiástica en su contexto social y político de guerra civil en España, como fue la Guerra Carlista.
Mendizábal, representante del ala progresista liberal, llegó al gobierno en un contexto de insurrecciones urbanas para acelerar las reformas legales que desmontaran la estructura del absolutismo. España vivía unos tiempos de asfixia económica, la Hacienda Pública se encontraba en banca rota.
Las miradas se dirigieron a las propiedades que se les denominaban estaban “en manos muertas”, como eran las de la Iglesia, poseedora de gran parte de las tierras agrícolas y bienes inmuebles, que al estar protegidas por leyes de amortización o vinculación, estas tierras no se podían vender, gravar ni explotar eficientemente.
En 1835 se decretó la supresión de la mayoría de los monasterios y conventos masculinos, dejando el terreno preparado para la incautación de sus bienes en 1836. El Clero regular en Andalucía tenía un 33,70% de sus bienes, y el Clero secular un 18,65%, lo que suponía en 26,58% del total nacional. En Ronda, al comenzar el siglo XIX el porcentaje de la propiedad de las tierras por parte de la Iglesia llegaría hasta el 40%.
Hubo cuatro desamortizaciones, divididas en varias fases, que el insigne historiador local Pedro Sierra de Cózar no describe, hablaremos en primer lugar de la desamortización de los bienes de la Iglesia durante el Trienio Liberal (1820-1822). Y en segundo lugar sobre la desamortización de Mendizábal.
En Ronda, además de la pérdida de los bienes rústicos De la Iglesia también supuso la de muchos de sus inmuebles, esto trajo consigo el desmantelamiento de su riquísima estructura conventual y la dispersión o pérdida de una parte fundamental de su patrimonio artístico barroco.








